En la extensa historia del Carlismo, de más de ciento setenta y cinco años, han existido numerosas condecoraciones militares para premiar a aquellos que se distinguieron en diversas acciones bélicas durante cualquiera de las tres Guerras Carlistas del Siglo XIX, así por ejemplo tenemos la Cruz de Montejurra, la Medalla de Alpens o la de Somorrostro, todas ellas concedidas por S.M. Carlos VII a combatientes en la Tercera Guerra Carlista, pero solamente existe una única e importantísima Orden creada en 1923 por S.M. Jaime III, hijo de Carlos VII y que pervive en el presente como expresión del Derecho Premial de la dinastía carlista: la Orden de la Legitimidad Proscripta.

La Orden de la Legitimidad Proscripta fue creada el día 16 de Abril de 1923 por S.M. Jaime III en carta dirigida desde París a José Selva Mergelina, V Marques de Villores, que por entonces era Secretario General del Partido Jaimista.

Su origen se encuentra en las noticias que el Rey recibía desde las Españas acerca de las persecuciones que sufrían sus leales, proponiéndose entonces Su Majestad el conferirla “a todos los que por sus sufrimientos o servicios se hagan dignos de ella” y solamente mientras dure el destierro de los Reyes legítimos, cesando, por tanto, “cuando la Divina Providencia se digne poner término a éste”. La Orden creada por don Jaime III tenía por objeto, a tenor de lo manifestado en la carta al Marqués de Villores, que “los condecorados con esta distinción o sus herederos puedan atestiguar públicamente los derechos que han adquirido a mi gratitud y a la de España, por el ejemplo de fidelidad que han dado a todos”.

La estructura de la Orden de la Legitimidad Proscripta queda establecida en la mencionada carta de don Jaime III que textualmente dice: “la Orden constará de tres grados: caballeros, oficiales y comendadores”. En casos excepcionales se reserva el Rey “el derecho de conceder Grandes Cruces”. Igualmente, “no se podrá obtener la Cruz de una Orden superior sin haber tenido antes la de la Orden inferior inmediata; es decir, que antes de ser comendador, habrá de pasar por la categoría de oficial, y antes de ser oficial, por la de caballero”.

Las insignias de la Orden de la Legitimidad Proscripta consisten “en una Cruz de Covadonga colgada de una cinta con barras verticales negras y verdes; negras, color del duelo del destierro, y verdes, color de la esperanza del triunfo”. La cinta “será sencilla para los caballeros, y llevará una pequeña roseta para los oficiales, y otra de mayor tamaño para los comendadores”.

Esta condecoración fue dada inmediatamente a José Selva Mergelina. Por Real Decreto del 8 de diciembre también sería concedida a la Juventud Jaimista de Madrid. En 1924 con motivo de la Festividad de los Mártires de la Tradición fue otorgada a diversas personalidades del partido legitimista como Juan Pérez Nájera o Lorenzo Sáenz y Fernández. Pero entre los leales a los que don Jaime III confirió la Cruz de la Legitimidad la figura más singular posiblemente sea la del escritor gallego Ramón del Valle Inclán, que fue nombrado caballero el 22 de abril de 1931.

Desde su creación en 1923 siempre han actuado como Grandes Maestres de la Orden los Reyes legítimos de las Españas. Así a don Jaime le sucedieron don Alfonso Carlos I, don Javier I y don Carlos Hugo I.

Por cierto, don Javier jamás concedió la Cruz durante su etapa como Príncipe Regente (1936-1952). Solamente una vez que, por reclamación del Consejo Nacional de la entonces denominada Comunión Tradicionalista, asumió la carga de la continuidad de la Dinastía Legítima, empezó a ejercer como Gran Maestre.

Con ocasión de los actos de Montejurra de 1963, y a petición de la AET, don Javier concedería a su esposa doña Magdalena la Gran Cruz. Con motivo de un pleno del Consejo Nacional de la Comunión Tradicionalista, reunido en Madrid bajo la presidencia de don Carlos Hugo el 1 de marzo de 1964, don Javier también conferiría una Cruz al historiador Melchor Ferrer, autor de la monumental Historia del Tradicionalismo Español.

El 9 de diciembre de 1967 en Lisboa, don Javier reunió al Capítulo General de la Orden con el fin de dinamizarla. Hacía más de cuarenta años que no se realizaba un acto de esas características, en el que se impusieran pública y solemnemente las Cruces de la Legitimidad. En este acto don Javier recordó a los presentes que:

El Carlismo es más que un concepto de legitimismo. No defiende un derecho puramente histórico, sino la vigencia profunda de la autoridad legítima que sirva al bien común y a la libertad del país. Defiende la solución de necesidades actuales. Cumple unos deberes actuales, una misión plenamente actual. Si es legítimo por su origen lo es también porque se legitima cada día con su actuación.

Poco después de la expulsión definitiva de toda la Familia Borbón Parma del territorio español por orden del Gobierno franquista, el 25 de mayo de 1969 fueron celebrados varios actos en Arbonne (Iparralde) con motivo del 80 aniversario de don Javier, a los que a pesar de las dificultades puestas en la frontera pudieron acudir miles de carlistas. En un acto celebrado en Villa Valcarlos don Javier impondría la Gran Cruz a su nuera doña Irene, y una Cruz al periodista Javier María Pascual, director del diario El Pensamiento Navarro.

Años más tarde Su Majestad el Rey don Carlos Hugo I recogió las obligaciones con la Orden impuestas por la tradición de sus antecesores y por la lealtad sobradamente demostrada de tantos y tantos carlistas. Así en 1999 procedió a reorganizar la Orden, siendo celebrados tres actos públicos de reunión con militantes históricos del Partido Carlista el 30 de mayo en Vila-real (País Valenciano), el 5 de junio en Roa (Castilla la Vieja), y al día siguiente en Javier (Navarra). Posteriormente, el 23 de abril de 2000 don Carlos Hugo dotó a la Orden de unos estatutos, de los que había carecido hasta ese momento, en los cuales modificada su denominación convirtiéndola en la Real Orden de la Legitimidad Proscripta (ROLP), la dividía en tres capítulos correspondientes a cada una de las coronas tradicionales de las Españas (Castilla y León, Aragón, y Navarra), y se determinaba que la insignia de la Cruz de Covadonga (también llamada Cruz de la Victoria) desde entonces iría timbrada por una corona real. El 13 de octubre de 2000 en Trieste, en cuya Catedral están enterrados los primeros Reyes de la Dinastía, se volvería a reunir el Capítulo General de la Orden, reafirmándose de nuevo el ya más que centenario Pacto Dinastía-Pueblo. En aquel encuentro, ante más de un centenar de legitimistas, don Carlos Hugo manifestaría que:

El Carlismo representa algo único en la Historia, la voluntad de un Pueblo que ha legitimado una Dinastía. Es un pacto entre el Pueblo y una Dinastía. ¿Y esto, qué implica? Implica que el Carlismo a lo largo de ciento setenta años ha hecho cuatro levantamientos, ha perdido cuatro guerras; y la peor perdida ha sido la última, porque no fue una guerra carlista propiamente hablando, y el Carlismo ha sido destrozado. El Carlismo ha sido destrozado pero no vencido. No hay ningún partido político en el mundo actual, ni uno, que tras tales circunstancias haya sobrevivido más de setenta años ¡y nosotros tenemos ciento setenta años! Esto significa que la Dinastía Legítima no busca su legitimidad únicamente en el derecho, aunque lo tenga allí, sino que la busca en el Pacto de la Dinastía con el Pueblo.

En el siguiente acto de imposición de Cruces de la Legitimidad, organizado el 28 de septiembre de 2003 en Arbonne, don Carlos Hugo transferiría el tradicional título de Duque de Madrid a su primogénito y heredero don Carlos Javier de Borbón Parma. En noviembre de 2004 se desarrollaron nuevos actos de la Orden en Madrid, Barcelona y Oyarzun. El 9 de mayo de 2009 fue celebrada una asamblea de Damas y Caballeros de la Orden en Poblet, con motivo de los actos desarrollados por la Comissió “175 Anys de Carlisme”.

Desde el fallecimiento de don Carlos Hugo el 18 de agosto del 2010, el nuevo Gran Maestre es don Carlos Javier I.

En el año 2014 empezó a funcionar la Asociación 16 de Abril, cuya finalidad es proporcionar cobertura legal a la Orden de cara a su participación en la vida pública española.