Cuarenta años después de su publicación en el diario El País un 25 de mayo, este artículo de José María de Zavala Castella (1924-1992), por entonces secretario general del Partido Carlista, sigue siendo muy actual como denuncia de una “Transición” mitificada para ocultar los vicios estructurales del sistema existente de libertades “otorgadas”.

Muchos aún recordamos este artículo así como las circunstancias que lo rodearon. Para los que no estaban en el Partido, por la edad o por otras causas, decirles que no fueron tiempos fáciles.

El Estado de Derecho era una teoría proclamada pero no materializada, como lo demuestra la exclusión de diversos partidos políticos, entre ellos el nuestro, en el proceso de legalización previo a las elecciones a Cortes Constituyentes, mientras se diluían los compromisos unitarios de la oposición democrática.

Nunca lo ha tenido fácil el Carlismo, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Había otras fuerzas políticas más sumisas y más propensas a aceptar la trampa, y lograr así el posicionamiento prometido en la carrera electoral para tomar asientos en el hemiciclo parlamentario.

Pepe Zavala y los militantes de aquella época jugaron y perdieron, pero tuvieron la valentía de enfrentarse al Poder con la coherencia y la honestidad que siempre caracterizaron al Pueblo Carlista. Valores que muchos de los “compañeros” democráticos olvidaron en la puerta de las Cortes.

Luis Gismero

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El País

25/05/1977

José María de Zavala Castella

Es el Partido Carlista uno de los grupos que, por causas aún desconocidas, no ha sido inscrito en el registro de asociaciones políticas. Esto no quiere decir que sea un partido ¡legal, sino un partido que ha esperado una decisión arbitraria para poder, como tal, participar en las elecciones convocadas por el Gobierno. La democracia es una cuestión muy distinta a este juego de legalización oficial.Por todo ello vamos a hablar con la serenidad y el derecho que corresponden a un partido demócrata, marginado y discriminado, sin que hasta el momento se haya dado la menor explicación a esta situación, no al partido, sino al conjunto de la sociedad que va a concurrir a las elecciones generales.

Analizamos las próximas elecciones con una visión de futuro, sin que esto signifique que huyamos del planteamiento actual, porque consideramos que lo que el país se juega es precisamente su futuro.

La crítica a la reforma en su realización electoral la hacemos desde una perspectiva de principios democráticos, desde una perspectiva de posibilidades reales para llegar a la democracia y desde una perspectiva de los condicionamientos que el régimen sigue manteniendo, para llegar a conclusiones de futuro y de compromiso de la sociedad.

Queremos evitar caer en lo fácil, en la demagogia barata. Porque lo fácil sería el enfado y dejarse cegar por el resentimiento que ocultaría también una realidad positiva.

Se afirma que no puede implantarse la democracia si previamente no se han restablecido las libertades. Estas libertades, que se han estando interpretando por todos los partidos de la Oposición democrática, deben concretarse en el reconocimiento de todos los grupos políticos y sindicales sin exclusión y la aplicación de una amnistía política total. Este ha sido el compromiso contraído. En los momentos actuales estas condiciones no existen y lógicamente se puede asegurar que no hay libertad y se cierra el paso a la democracia. No obstante, si no son interrumpidas por algún acontecimiento de excepción, las elecciones van a celebrarse y se celebrarán con el concurso de todos los partidos reconocidos por el Gobierno y por casi la totalidad de los no reconocidos. Los reconocidos lo hacen sin objeción alguna e incluso rompiendo el compromiso contraído durante la lucha desde la Oposición llega¡ contra el poder establecido, haciendo abdicación de muchos de sus principios socialistas y democráticos al aceptar un juego condicionado por el Gobierno. Los no-reconocidos intentan hacerlo por otros procedimientos, acusando el enorme handicap que produce la desigualdad de oportunidades y de promoción realizadas en la precampaña electoral, quedando inéditas su capacidad de convocatoria y la aceptación de sus programas. A pesar de todo, la amnistía se exige con energía, principalmente desde Euskadi, frente a la represión que desde el Gobierno se ejerce y que ha costado varias víctimas y asimismo se reclama constantemente la legalización de todos los partidos como premisa democrática. Pero las elecciones se van a celebrar en estas condiciones. Existe conciencia de que se van a celebrar pese a la falta de libertad, a pesar de la falta de garantías democráticas, a pesar de la represión y de la violencia desatada se van a celebrar en estas condiciones por la imposición de la derecha centrista que controla el Poder. Por eso nos preocupa el futuro democrático.

Todos quieren la democracia

El régimen tiene necesidad de limpiar su fachada de todo franquismo para asegurar su continuidad y la convivencia en el concierto internacional. Los partidos de la Oposición tienen necesidad de colarse por el resquicio que el sistema ha abierto para desde dentro intentar instaurar la democracia con una táctica más sutil y menos violenta. Hasta los marginados comprenden que es peligroso quedarse fuera de este juego y circulan por la vía de la tolerancia, aprovechando la enorme contradición del presidente Suárez, cuando en su último mensaje dice que «el pueblo no quiere encontrarse fatalmente obligado a ver las cárceles llenas de gente por motivos ideológicos» y sin embargo, la amnistía, aunque sea con cuentagotas, debe darse antes de las elecciones para evitar conflictos graves.

Nosotros nos preguntamos, ¿estas elecciones serán dentro de un marco democrático y con garantías de las libertades? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Es posible que volvamos a ver las cárceles llenas de presos políticos cuando muchos quieran expresar y ejercer sus derechos. Quizá veamos una mayoría parlamentaria que frene toda posibilidad de desarrollo democrático y de reforma constitucional. Quizá tambien veamos una sociedad engañada y defraudada en sus esperanzas de obtener una participación en la construcción de su futuro. Este es el panorama de hoy a veinte días de las elecciones generales.

Los condicionamientos del Gobierno

El Gobierno actual está realizando con éxito la parte más difícil para conseguir su reforma y consolidar el régimen en la etapa pre-democrática. Reconocemos estos avances porque los condicionamientos, después de cuarenta años de esterilización política y social, la posibilidad de una reforma desde el Poder sin cambio, eran casi imposibles. Comprendemos también que sobre unas bases estructurales, y constitucionales heredadas del franquismo, el Gobierno Suárez se encontraba prácticamente Impedido para realizar una labor democrática en un plazo corto, Pero el Gobierno se está equivocando en lo más fácil y comete graves errores que pueden dar al traste con su reforma. Obstáculos que fácilmente podrían desaparecer, se mantienen absurdamente. Se crean otros obstáculos por hacer concesiones inútiles a algún sector del régimen. Ante una opinión pública más sensibilizada y politizada aparecen como enormemente contradictorios con cualquier política liberalizadora. El que no se legalicen todos los partidos, sin dar explicación alguna, el que se practique la represión contra la pacífica expresión popular como en los peores momentos de la dictadura, el que se conceda la amnistía con operaciones restrictivas y gota a gota, el que los gobernadores civiles actúen. contradictoriamente y discriminadamente en la autorización o prohibición de mítines o actos políticos y sociales, etcétera, no tiene otra explicación que la existencia de compromisos de clase que limitan el ejercicio de la democracia… o de otros motivos que los carlistas nos resistimos a comprender.

Los perjuicios en gran parte ya están hechos, pero aunque tarde, el Gobierno puede aún corregir estos obstáculos y dar paso al proceso democrático partiendo del restablecimiento de las libertades públicas y el respeto a los derechos ciudadanos. Aunque en parte condicionado este proceso puede infundir esperanza y garantías para el futuro. El fantasma del continuismo debe desaparecer para alcanzar credibilidad democrática.

El Partido Carlista

El Partido Carlista es un partido socialista y democrático. Sus metas quedan definidas dentro de la amplia corriente socialista buscando la construcción de un Estado socialista y federal que dé respuesta al proceso de liberación de los pueblos, de las comunidades y las personas, para alcanzar su autogobierno y su autorrealización. Por ello somos autogestionarios. Así queda devinido en los estatutos que en su día fueron presentados para su inscripción en el registro de asociaciones políticas. El carlismo no plantea ningún pleito dinástico ni monárquico. Acepta la legalidad democrática donde el pueblo soberanamente decida su futuro. Cualquier otra interpretación es un juicio de intenciones que conlleva un atropello a los derechos más elementales que le asisten a cualquier grupo político. Estas presunciones, además, si existieron, representan falta de libertad democrática, porque como decía hace poco un editorial de EL PAIS en cualquier sistema democrático existe diversidad de opciones sin que ello represente una subversión, si las vías utilizadas son pacíficas.

El futuro democrático

Nos preocupa el futuro. Nos preocupa porque una oportunidad como la que en estos momentos históricos se presenta, puede ser única. Los pasos que demos deben estar, por tanto, dirigidos a crear las bases de un futuro democrático. Si el abdicar de muchos de los principios socialistas es grave, también lo puede ser el optar por posturas intransigentes que impiden el desarrollo democrático. El pacto social del que tanto se ha hablado tiene que partir del respeto a todos sin exclusiones para poder establecer unas normas de convivencia política.

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