¿Hay que obedecer siempre a toda clases de leyes?. La respuesta afirmativa, sin distingos, nos puede conducir a una encrucijada. Lo mismo sería la que dijera que las leyes se hacen para desobedecerlas. Esta última, suele ir acompañada de la condición cínica: ¡mientras no te pillen!. Ejemplo de estos últimos lo tenemos en grandes ladrones -defraudadores, corruptos y corruptores-de guante blanco que bordean la impunidad y que, a menudo se libran de la cárcel, pero que no suelen devolver lo que han rapiñado.

Se cumplen 70 años del juicio de Nuremberg. Fueron juzgados criminales que se limitaron a obedecer las criminales leyes nazis. Los principales cabecillas se habían suicidado. Cientos de miles que habían colaborado quedaron impunes. Y millones de alemanes que con su silencio cobarde o complaciente consintieron aquel régimen de terror, no fueron molestados. Tres reservas de tipo jurídico se hacen a aquel juicio. La primera, su carácter político; se intentó dar una lección a los vencidos, por encima de la búsqueda de la justicia. De ahí que no se condenaron los graves crímenes cometidos en bombardeos sobre ciudades, destruyendo vidas y propiedades civiles, como las V2 sobre Londres: ¡los vencedores también los cometieron contra poblaciones alemanas! La segunda, la falta de imparcialidad, los juzgadores no eran neutrales, pertenecían a las potencias vencedoras. Y la tercera, muy grave para una mentalidad positivista, se juzgaban hechos que no estaban tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico vigente en el momento de su comisión. Se desatendió este argumento, rechazando el alegato de obediencia debida. Por lo menos, después negar aquella barbarie se convirtieron en delito. Lo que sí hubo, fue la apelación por encima del derecho positivo a esas normas no escritas, pero insertas en la conciencia de todas las personas de buena voluntad y que los clásicos llamaban derecho natural o derecho de gentes; normas éticas graves que vinculan tanto a los Estados, como a las personas individuales. De ahí que luego se intentasen cristalizar en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no faltan hoy grupos herederos de aquellas ideologías totalitarias, que perviven en la xenofobia hacia los refugiados, a los que niegan su dignidad de personas.

¿Cómo estamos hoy a nivel internacional en el respeto a esos Derechos Fundamentales y la condena de sus violaciones? Parece que hemos avanzado: Se ha creado un Tribunal Internacional para juzgar esos crímenes de lesa humanidad. Pero resulta que los grandes potencias, con USA a la cabeza no lo han ratificado y gozan de total impunidad. Los medios de comunicación nos van describiendo esos gravísimos atropellos que se suceden a diario en todos los continentes. La impotencia de las Naciones Unidas para atajarlos es palmaria. Arrastramos un Consejo de Seguridad, impuesto por los vencedores en al 2ª guerra mundial, en el que las cinco grandes potencias conservan su derecho de veto. Se ha declarado el carácter de imprescriptibles de estos crímenes contra la humanidad y el principio de justicia universal, por el que cualquier país puede perseguir judicialmente eso delitos cometidos cometidos en cualquier Estado. Pero muchos países no lo admiten. El nuestro, entre ellos, resistiéndose a las demandas de la justicia argentina sobre crímenes franquistas. Sigue vigente aquella ley de Amnistía de la llamada transición, exigida por la izquierda y el franquismo, por el que quedaron impunes los cometidos por ambos bandos en la guerra civil y los ocurridos durante la larga dictadura que padecimos después. Y el actual gobierno derogó ese principio dentro de nuestra judicatura, para que no se pudiera juzgar a los criminales gobernantes chinos. ¡El comercio está por encima de los Derechos Humanos!

Dentro de cada Estado el panorama es bastante desigual. Para ser reconocidos internacionalmente y poder sentarse en las Naciones Unidas han de ratificar la declaración Universal de Derechos Humanos. Pero bastantes de ellos lo hacen con reservan y luego sus súbditos los ven violados. Y, en su casi la totalidad, las llamadas cloacas del Estado se encargan impunemente de efectuar una guerra asesina y sucia contra extranjeros o nacionales que consideran un obstáculo para los intereses de sus Gobiernos.

En las democracias que formalmente recogen esos Derechos en su Constitución y hay elecciones para elegir a sus mandatarios, se proclama la obediencia imperativa a las leyes, porque se entiende que los ciudadanos se obedecen a sí mismos al cumplirlas. Sólo cabe en esa positivista, la negativa, cuando una norma vaya en contra de lo dispuesto en la Constitución. Donde se positivizan esos Derechos básicos. Claro que quien únicamente estará legitimado para declarar la inconstitucionalidad de una norma será el Tribunal Constitucional que, en muchos casos estará designado por los poderes políticos. En los países que conforman la Unión Europea, las garantías son más complejas, pues hay un Tribunal superior que vela por el respeto de esos Derechos en toda la Unión.

La cuestión clave, a pesar de esas garantías, radica en la posibilidad de que alguien o un grupo de ciudadanos consideren en su conciencia que una norma o varias vulneren esos Derechos, sean ilegítimas, a pesar de ser correctas formalmente y no estén obligados a su cumplimiento. ¿Es esto admisible? Siempre les quedará claro, la posibilidad de negar su voto al partido o partidos que las hayan propiciado. Y mientras, la de hacer campaña en contra, pidiendo su derogación o cambio.

¿Es legítima la desobediencia civil en una democracia? Muchos avances importantes en la consecución de Derechos Fundamentales se lograron por la valentía de personas valientes que ejercieron la desobediencia civil, arrostrando sanciones, persecuciones y ataques. Para mí, debe ser no-violenta y no causar más daños que los que trata de evitar.

Conviene analizar las clases de normas existentes. Las hay permisivas, no sólo por esa regla no escrita de higiene democrática, de que lo que no está prohibido está permitido. Me refiero a aquellas que despenalizan hechos que antaño se tipificaban como delitos o al menos como ilegales. Luego están las prohibitivas, que vedan el realizar algo que para algunos es imperativo realizar en conciencia. Y las imperativas que obligan a conductas para algunos inadmisibles. Las permisivas no plantean especiales problemas. Las otras dos sí. ¿Puede llamarse democrática una sociedad que no admita la objeción de conciencia de sus ciudadanos, siempre que su práctica no lesione el Bien Común?

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