Discuten los cervantinos si el “con la Iglesia hemos topado, Sancho” de don Quijote significa hacer chocado con ella o simplemente encontrarse con algunos de sus miembros más significativos. Sea lo que fuere, lo cierto es que la cuestión religiosa es uno de los temas que más nos ha dividido a los españoles. Como decía aquel escritor, unos van detrás de los curas en procesión con velas encendidas y otros con garrotes para apalearlos. La expresión acabar como el rosario de la aurora, parece que hace alusión a las peleas callejeras que se organizaban en la ciudad de Valencia del siglo XIX o XX con ocasión de aquellas procesiones matutinas. Todavía se cuentan las historias de las quemas de conventos durante la 2ª República. Y no podemos olvidar que fue una de las cuestiones que encendieron la mecha de la última guerra incivil que padecimos en nuestro suelo. Los creyentes asesinados en la zona dominada por el bando republicano y las beatificaciones y canonizaciones de los mismos no se entienden por quienes todavía andan buscando los restos de sus familiares masacrados en cunetas y enterrados clandestinamente en fosas escondidas.

La transición del franquismo a la democracia actual se hizo, en las circunstancias que cada vez conocemos mejor, a través de la Constitución vigente, en una transacción que dejó a medias la resolución de las graves cuestiones que atraviesan la desarbolada historia de nuestra Patria. Los redactores cedieron en parte sus posiciones iniciales, pero pagaron un precio que con el transcurso de los años se nos ha hecho cada vez más oneroso. Su artículo 16 consagra la libertad religiosa, ideológica y de culto. Intentó compaginar la no confesionalidad del Estado con un reconocimiento expreso de la Iglesia católica: el resultado es una confesionalidad encubierta. Si a ello añadimos los Acuerdos con el Estado Vaticano, aprobados después de la promulgación de la Constitución pero preconstitucionales en su fondo, junto con la praxis de los años siguientes, el resultado es que esta Iglesia conserva unos privilegios incompatibles con una verdadera separación de las esferas política y religiosa. ¿Dónde queda consejo evangélico de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios?

No sé si se va a proceder a efectuar reformas en la Constitución vigente. Que las necesita es manifiesto.  Se ha quedado estrecha para  el desarrollo de la sociedad actual; corre el peligro de que se revienten sus costuras. Pero quienes pueden iniciar el proceso para hacerlo, los partidos con representación parlamentaria están muy lejos de saber negociar y pactar. Les preocupan demasiado sus expectativas electorales a corto plazo y carecen de visión estadista para proyectar a largo plazo. Sus querellas externas e intestinas les producen una suerte de catarata que emborrona su capacidad para ver. Y no escuchan, les aturde su ruido y no están atentos al latir social y a las preocupaciones de las jóvenes generaciones.

La cuestión religiosa es una de ellas. Pero parece que sólo sonase el estruendo de los que se aferran a los privilegios eclesiales heredados y enfrente el de los que quieren cortar por lo sano e implantar por las bravas y rápidamente un laicismo según el molde jacobino francés.

Pasar del sistema actual de financiación a través del presupuesto estatal a otra de autofinanciación no plantea problemas constitucionales. Está previsto y la jerarquía católica se comprometió a ello. Pero pasan los años y no se ha hecho nada en ese sentido. Falta voluntad política para acometerlo. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿No es la prolongación del actual status una forma de apoyarse recíprocamente ambos poderes?

La Iglesia Católica goza de otras prebendas garantizadas por los Acuerdos con el Estado Vaticano. Hay que proceder a su revisión; las circunstancias han cambiado. Y no vale mantenerlas con la excusa de que se conceden otras similares a otras confesiones religiosas que han firmado los oportunos acuerdos de colaboración.

Hay que desarrollar una Ley General que reconozca ampliamente una libertad de conciencia para todas las personas y los grupos que se organicen de acuerdo con sus creencias. Pero todas deben ellas deben comprometerse al respeto de los Derechos Fundamentales, recogidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

Bajo esta premisa, cabe la firma de acuerdos de colaboración con las distintas entidades a través de sus dirigentes dentro del Estado para la realización de actividades sociales de interés colectivo, con la consiguiente subvención pública. Sujetas por tanto a  rendición periódica de cuentas y supervisión de las mismas.

La amalgama entre jerarquías civiles, militares y religiosas que se observa tanto en actos eclesiales como profanos debe concluir. Si algún cargo político decide asistir a algún acto religioso que lo haga como un creyente cualquiera, sin ningún lugar preferente, por muy alta que sea su jerarquía. Los puestos preferentes en las iglesias deben reservarse sólo a los preferidos de Jesús, los pobres y las víctimas de cualquier índole.

En los centros públicos no debe haber lugares especiales de culto para ninguna confesión. Eso sí, debe haber algún espacio común para cualquier actividad colectiva que cualquier grupo pueda solicitar para celebrar sus encuentros.

Los centros públicos de enseñanza no son lugar apropiado para la enseñanza de ninguna confesión religiosa.  Eso es tarea de las familias y de sus espacios propios. Pero debe haber un estudio científico, como una asignatura más dentro de la enseñanza obligatoria, del hecho religioso y de la historia de las religiones, a cargo de un profesorado específico, como del resto de las materias escolares. Docentes que hayan pasado las pruebas de ingreso correspondientes, nombrados y pagados por la  administración competente.

Lo templos de todas las confesiones estará exentos del IBI, pero no las viviendas de sus ministros, ni otros inmuebles urbanos y rústicos. Y sus actividades lucrativas estarán sujetas a las normas fiscales como los demás ciudadanos.

El rico patrimonio cultural en manos de la Iglesia católica deberá gozar de protección especial a través de acuerdos de colaboración con las administraciones competentes. Esto se traducirá en apoyo financiero a cambio de obligaciones en cuanto a su conservación y puesta a disposición de investigadores y público en general, en horas establecidas que no impidan su normal su funcionamiento religioso.

Toda esto implica una revisión profunda de los Acuerdos con el Estado Vaticano. ¿Sabrán nuestros políticos negociar con energía y claridad de miras sin miedos y cortoplacistas intereses electorales? ¿Volverán los extremistas del fundamentalismo religioso y del laicismo agresivo a impedir el debate profundo con respeto y acatando todas las exigencias de la libertad religiosa? ¿O seguiremos jugando a prolongar el odio en la cuestión religiosa, con provocaciones infantiloides o actos de violencia?.

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