Diario de Noticias (Navarra)

08/05/2016

Fermín Pérez-Nievas

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LAS FAMILIAS DE ANIANO JIMÉNEZ Y RICARDO GARCÍA SUFRIERON UN LARGO PROCESO PARA SER RECONOCIDAS COMO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. SE CONSIGUIÓ EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2003, 27 AÑOS DESPUÉS

Después de varios días de espera y de un duro trabajo de los abogados que denunciaron estos hechos en nombre de la dos víctimas y de varios de los heridos (los letrados Juan Francisco Martín de Aguilera, José Ángel Pérez-Nievas Abascal y José Fermín Arraiza Rodríguez-Monte), fueron detenidos José Luis Marín García Verde, José Arturo Márquez de Prado y Francisco Carrera García Mouriño, como principales acusados en la causa de los sucesos de Montejurra’76. A los siete meses, los acusados fueron puestos en libertad provisional en atención, según la nota del juzgado de Orden Público, “a su bondad personal, excelente conducta y hombría de bien”.

Los abogados que ejercieron la acusación particular intentaron, sin conseguirlo, que se consideraran los asesinatos como delitos políticos (por lo que debían ser juzgados en Madrid) aunque se juzgaron como comunes. Durante el proceso algunos testigos sufrieron amenazas y se impidió a los letrados de la defensa asistir a la reconstrucción de los hechos en la cima. En el momento en que se publicó el decreto de amnistía de octubre de 1977, de oficio, pasaron a ser considerados delitos políticos y, por lo tanto, se encontraban dentro de la amnistía. Según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29-6- 1978, firmada entre otros por Mariano Gómez de Liaño (padre del que fuera juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño que instruyó el caso GAL), “no habiendo obrado los inculpados citados por móviles personales, sino guiados por una pasión partidista derivada de la distinta concepción sobre la ideología al Partido Carlista, que trataron de imponer coercitivamente a otros, cuyo partido, pretende lograr una organización del estado y una forma de gobierno dinástico diferente a la actual. Su conducta queda, gracias a su irrebatible intencionalidad política, subsumida e inmersa en la gracia concedida por la ley de 15 de octubre de 1977”. Se cerraba así el sumario 1.847, y se abría la falsa teoría, que perduraría en el tiempo, del enfrentamiento “fratricida”, ya que, erróneamente se añadía que “unos y otros de los grupos enfrentados” en el monasterio y en Irache portaban “armas de fuego”.

27 AÑOS

Desde ese momento y durante 27 años, José Ángel Pérez-Nievas batalló legalmente para tratar de que se reconocieran los sucesos de Montejurra como una acción terrorista y pese a que en un principio se calificaron como “desórdenes públicos”, el 5 de noviembre de 2003 la Audiencia Nacional (ante las sucesivas negativas del Ministerio de Interior de Aznar) concedió a los familiares de Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero la indemnización y el reconocimiento de que habían sido “víctimas del terrorismo”. Curiosamente, algunos de sus agresores en Irache como José María Arrizabalaga Arcocha, asesinado por ETA en 1978, habían recibido ya hacía años esta misma distinción.

La Audiencia admitía así que los miles de carlistas que el 9 de mayo acudieron a celebrar su fiesta anual de reivindicación de libertades y contra la dictadura de Franco tuvieron en frente a una banda armada porque se trataba de “una unión de personas con una coincidencia de objetivos y con medios para su obtención, mediante la creación de una situación de conflicto y violencia que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse”. Tan sencilla afirmación costó 10.035 días hasta que el Gobierno de este país la realizó, aunque no sirvió para eliminar la teoría de “dos facciones enfrentadas” que sirve para ocultar la verdadera implicación del Estado en esas muertes.

La familia de García Pellejero no recibió el reconocimiento del Estado en forma de medalla hasta 10 años después de que lo reconocieran los tribunales. El ministro Fernández Díaz la entregó el 23 de julio de 2013 (el Gobierno de Navarra lo había hecho en 2000 aunque no implicaba el reconocimiento legal de víctima).

DISTINTA ACTITUD

El 3 de marzo en Vitoria, con Manuel Fraga como Ministro de la Gobernación, para reprimir una huelga general en la que nadie portaba armas la policía disparó a la puerta de una iglesia, causando cinco muertos y 45 heridos de bala y cien más por golpes. Distinta fue su actitud apenas dos meses más tarde, aquel 9 de mayo gris, cuando desde la dirección del Partido Carlista se alertó de lo que podía pasar, cuando se habían visto pintadas como Moriréis, EKA, cuando se mostraron y dispararon armas, cuando hubo dos muertos y más de 10 heridos en enfrentamientos cuerpo a cuerpo y cuando las únicas identificaciones se realizaron a los agredidos. Entonces las fuerzas del orden no actuaron ni detuvieron a ningún atacante, que, desde días antes, habían hecho ostentación de sus armas en el hostal Irache e incluso habían amenazado a otras personas hospedadas que eran del Partido Carlista.

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