No son exactamente iguales, aunque algunos se empeñen en que deban coincidir siempre. El legislador no puede, ni debe,  prohibir todo lo que sea inmoral. Así que hay cosas que son perfectamente legales y que resultan indecentes. Y al contrario, acciones decentes que son ilegales. Emplear la fuerza de la ley para, por ejemplo, echar coactivamente a una familia sin recursos del domicilio que ocupa y lanzarla a la calle, sin tener donde cobijarse, es claramente inmoral. Acoger a emigrantes sin papeles, darles trabajo, puede ser ilegal, pero es una obligación de conciencia para quien no tenga el corazón endurecido y tenga los medios para hacerlo. A veces coinciden: es ilegal e injusta la corrupción -se trate del corruptor o del corrompido-.

No puede argüirse que la distinción entre lo decente y lo indecente está a merced del juicio privado de cada individuo. Más bien se dice que depende de los tiempos y de los lugares; en parte sí, pero hay reglas básicas aplicables a todos los seres humanos. Entrañan derechos y deberes recíprocos. No puede negarse que hay un progresivo descubrimiento de esos principios: la dignidad de cualquier persona humana y su corolario unos Derechos Fundamentales, empezando por el de conciencia y unas garantías imprescindibles de justicia, que deben ser respetadas por todos, poderes públicos, grupos sociales y demás personas. Hemos superado la admisión de la esclavitud y la tortura como instrumento de los procesos judiciales, aunque desgraciadamente se sigan practicando en varios países.

Esta dignidad entraña la igualdad esencial de todos los seres humanos y la acogida franca y sincera de las diferencias, de cualquier clase que sea, que no supongan un ataque a la dignidad que es su raíz.

A todos los ciudadanos debe exigirse ese respeto a la esencia de esa ética y al imperio de la ley que se acomode a ella. Y sobre todo a los políticos. Un político que la vulnere y se mofe de ella, es indigno de ostentar un cargo público. Y cómplices de esa indignidad son los votantes que los eligen. Las puertas giratorias entre grandes empresas y cargos públicos, por las que entrar, salir y volver a entrar son escandalosamente indecentes, por muy legal que fuere su práctica.

La cuestión de los límites de la libertad de expresión es de las más controvertidas. ¿No debe haber ninguna como sostienen bastantes? La respuesta exige un discernimiento de prudencia política. Porque a menudo producen efectos contraproducentes, exacerban más aquello que molesta. Pero mofarse o insultar, símbolos que encarnan sentimientos profundos de un colectivo -el que sea- no deja de ser indecente y mezquino. ¿Pero obligar a acatarlos no sería otra muestra de opresión ilegítima?

Anuncios