María Teresa de Borbón-Parma se acerca con unas flores al monolito dedicado a Aniano y Ricardo este sábado. Manuel Martorell

Cuarto Poder

07/05/2016

Manuel Martorell

El Partido Carlista ha aprovechado el 40 aniversario de los “sucesos de Montejurra”, ocurridos el 9 de mayo de 1976, para pedir a los partidos políticos con posibilidades de formar Gobierno tras las elecciones del 26 de junio que se comprometan a desclasificar la documentación oficial sobre esos hechos y, de esta forma, aclarar definitivamente el grado de implicación del Estado en un crimen que se cobró las vidas de Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero.

Se da la circunstancia de que, pese al generalizado convencimiento de esa implicación, a las numerosas evidencias tanto testimoniales como gráficas y a la gran proyección mediática que tuvieron, apenas han aparecido documentos oficiales que se refieran expresamente a esos acontecimientos.

Como se recordará, la investigación judicial fue abortada al aplicarse la ley de Amnistía de 1977 y el Gobierno reformista de Adolfo Suárez tampoco mostró el menor interés en abrir una investigación paralela sobre lo ocurrido. Precisamente, esta es una de las conclusiones de la tesis doctoral El carlismo militante. 1965-1980, presentada por el historiador Josep Miralles en la localidad navarra de Puente la Reina, también próxima a Montejurra, poco antes de celebrarse el homenaje a Aniano y Ricardo, junto al monasterio de Irache, al pie de la “montaña sagrada” del carlismo.

Retrato de Aniano Jiménez exhibido en la exposición conmemorativa de Estella.

El último trabajo de investigación señalando esta sorprendente ausencia de documentación oficial es el del periodista Ernesto Villar en su libro Los espías de Suárez, tras haber consultado numerosos informes internos del Servicio Central de Documentación (SECED), precedente del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ernesto Villar se muestra perplejo porque el SECED, que elaboraba continuamente informes sobre hechos sin importancia, se limite a decir que los sucesos de Montejurra fueron obra de “incontrolados” y que ocurrieron debido a una “falta de previsión”.

Retrato de Ricardo García Pellejero en la exposición de Estella.

Aún resulta más sorprendente esta referencia a los ultraderechistas extranjeros cuando en la obra de Diego Carcedo sobre el general Sáenz de Santa María, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, se concluye que esos terroristas franceses, argentinos o italianos, algunos reclamados por sus países debido a su implicación en atentados con decenas de víctimas, comenzarían a trabajar para los servicios secretos españoles a partir de Montejurra 76.

Ernesto Villar también muestra su extrañeza porque el SECED diera más trascendencia política al Recital de los Pueblos Ibéricos, un certamen musical y folklórico celebrado ese mismo domingo 9 de mayo, o a una campaña reivindicativa de las asociaciones de vecinos de Madrid en esas mismas fechas, que a uno sucesos que tuvieron gran proyección nacional e internacional. Ante tan ilógica valoración, sobre todo porque Montejurra 76 fulminó la imagen “aperturista” del Gobierno de Arias Navarro y Manuel Fraga, el autor de Los espías de Suárez propone a los lectores de su libro que saquen sus propias conclusiones.

Hay que recordar, en este sentido, que el SECED fue creado por el almirante Carrero Blanco, uno de los cerebros de la Operación Salmón para presentar al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco con el título de rey. Tal elección supuso la neutralización de la actividad de los Borbón-Parma, abanderados del legitimismo carlista y sus seguidores, para los que la concentración anual de Montejurra era su principal acto político.

La petición a los partidos políticos para que se desclasifiquen los documentos oficiales fue realizada durante la ofrenda floral ante el monolito recordando a las víctimas mortales justo en el lugar próximo al cenobio cisterciense donde fue alcanzado mortalmente Aniano Jiménez.

Pancarta colocada por militantes carlistas en el lugar donde ocurrieron las incidentes. Manuel Martorell

En este homenaje, María Teresa de Borbón-Parma, hermana de Carlos Hugo, colocó entre lágrimas y ante la escultura de granito un ramo de flores, mientras tresdantzaris bailaban un aurresku de honor. Después, José Lázaro Ibáñez, en representación del Partido Carlista, pronunció unas palabras animando a los presentes a no olvidar lo ocurrido y planteó la necesidad de desclasificar la documentación oficial sobre este asunto.

Varias asociaciones y partidos se han unido a estos homenajes, entre ellos la plataforma Ahora-Orain, EH Bildu y la Fundación Andreu Nin, que en un comunicado recuerda el compromiso del Partido Carlista en aquellos duros años “en la lucha por las libertades democráticas, los derechos de las nacionalidades y la autogestión”.

Los carlistas también han aprovechado este homenaje para anunciar su intención de entrevistarse con Francisca Sauquillo, nombrada por el Ayuntamiento de Manuela Carmenapara aplicar la ley de la Memoria Histórica al callejero de Madrid, tras el escándalo provocado por incluir en la lista de nombres que no son franquistas, como ocurre con la calle dedicada a Montejurra.

El valor simbólico de esta montaña para el carlismo se debe a las guerras civiles del siglo XIX, en concreto a una importante batalla ganada en 1873. Durante la dictadura, este emblemático lugar fue utilizado por el franquismo para atraer a los partidarios de Javier de Borbón-Parma y Carlos Hugo, precisamente porque se oponían a su régimen pese a haber participado en la Guerra Civil dentro del llamado “bando nacional”. Algo parecido ocurre con la figura de Vázquez de Mella, pensador carlista que también fue utilizado por el Gobierno de Franco, aunque había fallecido en 1928, es decir, una década antes de que el general se hiciera con el poder absoluto.

Se da la circunstancia de que, al final de la dictadura, los abogados carlistas mantenían una estrecha colaboración con los del Partido Comunista, incluidos los del despacho de Atocha, al que estaban asociadas tanto la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como Paquita Sauquillo, cuyo hermano Francisco Javier trabajaba en ese despacho.

Es en este sentido muy significativo que fuera uno de esos abogados procedentes del carlismo, Luis Menéndez de Luarca, el primero en dar la voz de alarma de la “matanza de Atocha” el 24 de enero de 1977 cuando, al acceder al despacho, se encontró con el escenario de la masacre perpetrada por un comando ultraderechista, en la que fueron asesinados cinco de sus compañeros, entre ellos el hermano mayor de Francisca Sauquillo.

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